A veces, la teoría suele encubrir las inequidades, haciendo de las diferencias un todo uniforme, donde conceptos como nación definen ideas de una comunidad política homogénea, pese a que en la realidad lo social se presenta como heterogéneo. Los estudios sobre ciudadanía suelen funcionar así, pues albergan en teoría a ciudadanos realmente existentes y a los tipos de ciudadanía que se desea construir, como una línea dinamizada por un proyecto político que apunta hacia un centro de convivencia democrática y al bien común, desdeñando la mirada de las transversalidades, lo marginal y lo heterogéneo. En tanto, las estadísticas y sondeos sociológicos pueden estar afectados por los prejuicios, simpatías y supersticiones de la población.
Han pasado más de diez años desde la aparición de Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de ciudadanía en el Perú (Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima, 1997), libro de Sinesio López que ha pasado a ser un clásico de los estudios sociales, debido a que con su aparición —como estudio integral, que incide en lo teórico, histórico y estadístico— ha contribuido a comprender muchos aspectos del proceso de construcción de la ciudadanía en el Perú.
No es inapropiado relacionarlo con el libro de Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, si consideramos que la noción de lo imaginario de Anderson, inspirada en la creencia de habitar en un espacio teórico-normativo homogéneo —ciudadanía— como puntal de la modernidad, debe haber inspirado en parte, el copioso estudio de las comunidades políticas, imaginadas como ciudadanos, que hace Sinesio López. El autor aclara que no hay una concepción única de ciudadanía, así como tampoco existe un solo tipo de ciudadanía en la historia del mundo moderno, pues los patrones de formación de ciudadanía suelen ser diversos pues incluyen proyectos políticos dinamizados desde abajo y desde arriba, es decir estrategias liberales, reformistas, fascistas, monárquicas, socialistas, además de étnicas, culturales y religiosas, entre otras.
Para entender el espectro imaginario que Ciudadanos reales e imaginarios contrasta, debemos diferenciar a las comunidades políticas reales —además de las diferencias existentes en el interior mismo de esta ciudadanía cuyas prácticas en la experiencia ciudadana son concretas o tienden a hacerse concretas—, de las ciudadanías imaginadas, es decir, aquellas comunidades civiles construidas como entelequias, entre lo normativo e ideal, y que se encuentran atrapadas entre un aparato jurídico que les reconoce universalmente sus derechos y una sociedad concreta y excluyente que no les brinda las garantías para que ejerzan esos derechos.
Una década es muy poco tiempo para que un libro de esta magnitud haya envejecido hasta el punto de resultar inaplicable a nuestra realidad, pese a que esto podría ser posible debido a que, en estos diez años, nuestra sociedad ha experimentado un cambio dramático, que la ha llevado desde un contexto dictatorial, centralista, autoritario y violento, a un período democrático, con esbozos descentralistas, aunque el modelo económico abierto, extractivo, primario y dependiente, no haya variado mucho. Recordemos que para 1997, el autoritarismo fujimontesinista se encontraba en la cresta de la ola, y que pese a que dicho período había significado un serio retroceso en el proceso de concreción de ciudadanía —debido a que en esa época se perdieron la mayoría de derechos laborales, derechos civiles y políticos, y se incrementaron las violaciones de los derechos humanos—, aquel régimen dictatorial ostentaba una base social amplia y una popularidad inusitada, si evaluamos la generalizada ausencia del estado de derecho, algo que hacía añicos la posibilidad de democracia y concreción ciudadana en el país.
En una sociedad fragmentada y un gran sector de la población seducida por el autoritarismo solo puede darse procesos de desinstalación jurídico-política que refuerzan las medidas antidemocráticas, pese a que éstas sean presentadas mediante una mascarada sufragista que las legitima. Y aunque no se describa mucho de esto en el libro, el diagnóstico podría ser insuficiente, pues tiende a definir el fuimorismo, como un proceso que busca construir una «ciudadanía liberal, desconociendo los derechos sociales», planteándolo como «neopopulista, poco liberal y poco competitivo, pero políticamente inclusivo desde una perspectiva plebiscitaria».
De estos conceptos —distanciándome un poco del análisis de los procesos electorales y las disquisiciones en torno a la democracia representativa estudiados en el libro—, intentaré hacer una interpretación de este copioso estudio, deteniéndome en los procesos de inclusión y empoderamiento de los grupos sociales subalternizados, a partir de las múltiples tensiones ocurridas a lo largo de la historia republicana: entre conservadores y liberales, primero; y liberales y comunitaristas, después. Tensiones que ilustran el difícil camino de la construcción de la ciudadanía en el país, que a decir del autor, en 1997, aún era un proceso inconcluso.
Ciudadanos reales e imaginarios se presenta como un esfuerzo sistemático, que a partir de un despliegue conceptual, histórico y de contrastación empírica o trabajo de campo, se ha constituido en un referente importante para elucidar las vías de evolución y gestación de la ciudadanía en el país. Y a partir de esta comprensión, el libro puede abrir una veta interesante para el desarrollo y concreción de una conciencia de ciudadanía, conciencia que podría colaborar para que, en los sectores subalternos, esta noción, escape del espacio imaginario en el que ha sido condenado debido a un desfase existente entre una teoría legislativa y la praxis política.
Quizás sea Sinesio López el que nos haya dado la clave de lectura más importante, que resume lo desarrollado en el libro, al diagnosticar, que el cambio más importante que ha vivido el Perú ha sido el tránsito de «una sociedad cerrada de señores a una sociedad de ciudadanos». Un cambio de perspectiva en la relación que existe entre los gobernantes y los gobernados, que él, sosteniéndose en ideas de base kantiana, ha definido como «una revolución copernicana», producto de la trasformación de los gobernados de objetos de poder a sujetos de poder.
En una modernidad en la que la emergencia del hombre sujeto de derechos frente a los gobernantes ha dado lugar a diversas concepciones de ciudadanía, ante todo, debemos entender la ciudadanía como la condición de ser sujeto de derechos y deberes ante la comunidad política y el Estado, y ver la ciudadanía como una característica sine qua non del hombre moderno. Discutiéndose además la naturaleza del hombre moderno, así como el carácter del Estado y la sociedad modernos, ante los cambios históricos traídos por la globalización, que más que dar lugar a una «ciudadanía cosmopolita» ha develado el carácter profundamente antidemocrático de la gobernancia mundial, el derecho y las decisiones políticas contemporáneas en un orden global asimétrico que agudiza la polarización norte-sur.
Debido a la importancia que ello conlleva para nosotros, la revisión que hace el autor de los avatares y peripecias de la construcción de la ciudadanía en el Perú, como un fenómeno de democratización político-social, construido en una tensión constante entre las políticas de Estado y las reivindicaciones exigidas por los movimientos sociales; es decir, de procesos de democratización político-social desde arriba —a partir de la constitución política y la gestión estatal—, y desde abajo —cuando las mismas étnias o minorías discriminadas desplegaron estrategias culturales de inclusión específicas con la finalidad de formar una comunidad política o de participar en ella—.
De allí que la polarización étnica y cultural entre criollos e indios del siglo XIX, en el trazado histórico realizado en el libro, ha ido desplazándose hacia una entidad intermedia, en el acriollamiento y la cholificación del siglo XX. Lo que ha significado avances en la conformación de una comunidad nacional y una noción ciudadana con adelantos y retrocesos —debido a la perenne pugna entre conservadores y progresistas—, pero donde el Perú ha ido desplazándose, desde una hegemonía cerrada de la oligarquía de comienzos de siglo, hacia una frágil democracia de masas de los ochentas.
Esto se ubica entre un conjunto de contradicciones desarrolladas en el libro: la pugna histórica de las dos matrices culturales clásicas: el comunitarismo y el liberalismo, que se han visto trabados permanentemente por la heterogeneidad étnica, debido a que los criollos se han negado a desarrollar una política de reconocimiento de otras razas y culturas. Donde la matriz liberal se impuso en el siglo XIX, sobre todo en las constituciones del Estado y las políticas estatales de las tres primeras décadas del siglo XX; mientras que la matriz estatista y comunitarista ha sido la fuente de inspiración de las principales movimientos y fuerzas políticas y sociales entre 1930 y 1980, y de la política reformadora y modernizante del Estado, durante el gobierno velazquista.
Pero hay también en el libro una tensión entre los enfoques diacrónico y sincrónico, entre la reconstrucción histórica y el abordaje conceptual de modelos políticos y económicos abiertos y cerrados, donde —a pesar de la conciente diferencia entre liberalismo político y económico— estos conceptos tienden a traspasarse debido a que en ciertos momentos de la evolución ciudadana, el requisito principal para acceder a la categoría de ciudadano fue la potestad de poseer propiedad privada, en tanto bien alienable en la compra y venta, a partir de lo cual se podía adquirir derechos civiles.
En Ciudadanos reales e imaginarios hay también una comprensión de lo social a partir de tensiones cíclicas, a partir de modelos 
económicos abiertos y cerrados, a partir de rupturas no acumulativas, aunque albergadas dentro de una lectura global historicista, desde la que entendemos la historia de la construcción de la ciudadanía en una aparente linealidad de desarrollo, desde el período en el que se puso fin a los lastres coloniales, a partir de la liberación de los esclavos, del vasallaje legal de los indios, y del advenimiento de la modernidad, a partir de la República de ciudadanos reales e imaginarios, donde a pesar de lo que puedan decir las leyes no todos los peruanos pueden ser ciudadanos por igual, pues algunos peruanos son más ciudadanos que otros, entrando también en contradicción la idea de ciudadanía universal con la idea de gestión de una ciudadanía diferenciada en su heterogeneidad.
Pese a que las élites tradicionales, señoriales, no solo coexistieron con las instituciones políticas modernas sino que además las instrumentalizaron en su propio beneficio; a pesar de sus triunfos, el liberalismo ideológico no pudo devenir en una fuerza política. No obstante ello, el liberalismo pudo plasmar sus éxitos en las constituciones, instaurando además instituciones políticas modernas en el Perú del siglo XIX, en una simbiosis de modernidad y contramodernidad.
Existe en este proceso un recorrido inaugural que va desde la tensión entre conservadores, sobre la base de un tradicionalismo estatista —reunidos en torno a Bartolomé Herrera—, y liberales, de las filas de los hermanos Gálvez. Mas, esta tensión que identifica al pensamiento colonial supérstite en el período de la independencia, que se encuentra en contradicción con el pensamiento liberal de la ilustración y de los movimientos emancipadores, será confrontada luego con los proyectos comunitaristas y de reivindicación colectiva.
Todo esto demuestra que, en este proceso de creación de ciudadanos reales e imaginarios, el liberalismo también tendió a envejecer, trasformándose —como liberalismo económico— de emancipador a conservador y antidemócrático; oponiéndose a los embates comunitaristas que fueron concretándose hasta alcanzar una fallida apoteosis durante las reformas estructurales del gobierno del general Velasco, entre las décadas de los 60 y los 70, que pese a haber sido una dictadura militar, desplegó una política de inclusión y reconocimiento que pudo ser eficaz.
Mas, en este proceso histórico, conflictivo entre liberales y comunitaristas, han existido políticas de inclusión a partir de matrices que se han ido linealmente «purificando» —por decirlo de alguna manera—, pues del requisito de posesión de propiedad, para obtener la ciudadanía —como condición económica—, se pasó al requisito de castellanización y alfabetización —condición cultural—; hasta llegar al insólito proyecto que pretendió imponer el bilingüismo quechua-castellano, a partir de una política normativa estatal de reconocimiento, que dispuso el aprendizaje generalizado del quechua, hasta en los sectores culturales hegemónicos, que naturalmente hablaban solo castellano.
Tal vez pueda hacerse algunas objeciones al estudio, pues el posesionarse en un terreno binario, de tránsito lineal y ascendente, desde «una sociedad cerrada de señores a una sociedad de ciudadanos» en un proceso evolutivo sustentado en la preeminencia de los derechos universales, nos puede hacer ver el advenimiento del ideal de ciudadanía como un hecho inevitable. Algo no tan cierto, si consideramos que, en una realidad heterogénea, múltiple y conflictiva como la nuestra, en la que, debido a la ruptura en el orden democrático que significó el gobierno fujimorista para el Perú, al auge del autoritarismo y el neoliberalismo, los logros de la marcha ciudadana «ascendente» han retrocedido mucho en las últimas décadas. Algo que se complica si consideramos que, ante la crisis del Estado-nación y la consecuente crisis de la democracia representativa, el añejo proyecto centrista nacional homogéneo, ahora hecho global gracias a un corpus normativo y cultural universal, que al encubrir lo diverso, favorece sólo a los sectores hegemónicos de poder, y desfavorece a las minorías nacionales heterogéneas.
Todo esto nos lleva a interrogarnos, nuevamente, sobre el papel del Estado dentro de la cristalización de estos proyectos ciudadanos, y hasta qué punto éste ha permanecido inocente ante las inequidades y asimetrías sistémicas, sobre todo cuando las consecuciones deontológicas nacionales suelen estar asociadas a las decisiones políticas. Pues el Estado, aún cuando no se pronuncia a favor de un grupo cultural o económico —en esta pugna entre señores y ciudadanos—, según Kymlicka, participa del juego de identidades y reconocimientos, pues, pese a proclamar constitucionalmente, en algunos casos, tesis como las de Michael Walzer, que ha planteado que «el Estado debe tener ante la cultura la misma neutralidad que tiene ante la religión», entendemos que estructuralmente la decisión ya ha sido tomada. Pues el Estado, heredero de un patrón colonialista, favorecerá siempre a la cultura oficial, al promover, por ejemplo, el español en sus aparatos jurídicos; lo cual deja a los quechua hablantes, a las comunidades aimaras y a los grupos étnicos amazónicos, lejos de ser sujetos de derechos, pues este orden de privilegios y jerarquías, de subordinación y dominación, de señores y de siervos, de grupos dominantes y culturas excluidas, tiende a ser un mal estructural.
Entonces, el constante debate entre liberales y comunitaristas, y la pugna entre una opción por los derechos individuales y otra por los de grupo, que los define, nos plantea la emergencia de acabar con ese sector de ciudadanía ficticia, irreal e invisibilizada, para poder acceder a una sociedad democrática y justa, sin inequidades, postergaciones ni desventajas jurídicas. En tanto, los mapas de ciudadanía presentados en Ciudadanos reales e imaginarios, pueden ayudarnos a comprender eso.